Honda preocupación causó entre la comunidad científica nacional, la autorización entregada por la Subsecretaría de Pesca, a la empresa Luna y Galaz Limitada, para que capture 200 ejemplares de lobos marinos, entre las costas de la Décima y Duodécima regiones, los que serán vendidos a zoológicos acuarios de Europa y Asia.

El permiso se basa en el excesivo número de ejemplares detectados en nuestras costas, y se enmarca en el denominado "Plan de acción para disminuir y atenuar los efectos de las interacciones del lobo marino común con las actividades de pesca y acuicultura de la X y XI regiones".

No obstante, la medida causa controversia entre el mundo científico por el posible impacto negativo que causaría en el ecosistema.

"Debiera aclararse también las características de los animales que serán o están siendo capturados, porque para la población no es lo mismo capturar cualquier tipo de animal", expresaron mediante un comunicado Walter Sielfeld y Maritza Sepúlveda, subdirector e investigadora principal del citado proyecto, junto con expresar que "no entregamos ninguna recomendación con respecto a esta medida".

Por su parte, el director del centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, manifestó sus aprehensiones con respecto a la medida gubernamental, ya que "favorece los intereses de corto plazo de la industria salmonera, lo que amenaza nuestra biodiversidad marina y evidencia la falta de transparencia con que se maneja en Chile, la gestión pesquera y de acuicultura", aseveró.

DENUNCIA

La captura de los ejemplares ya comenzó en la lobera de Cahuelmó, lo que fue denunciado a la justicia por la Fundación Pumalín, a través de una denuncia ante la Fiscalía Local de Hualaihué en contra de quienes resulten responsables por el delito de acto de maltrato o crueldad con animales, sancionado en el artículo 291 bis del Código Penal.

"El método de captura es mediante lazos y redes. Hubo signos de maltrato en los lobos que no se han capturado. Se ignora cuántos lobos se capturaron, a qué lugar los llevaron, si tienen un veterinario a cargo", concluyó Fernando Siebald, abogado de la Fundación Pumalín.