Por Juan Carlos Cárdenas*
EL MOSTRADOR
27 de Julio de 2009
Tras haber sido aprobada en tiempo récord y casi por unanimidad por
una excepcionalmente alineada Cámara de Diputados, esta
inconstitucional iniciativa, que en la práctica privatiza el mar y
borde costero en beneficio de los grandes productores de salmón del
Atlántico y los bancos chilenos y extranjeros, está encontrando una
inesperada y creciente resistencia.
Diversos sectores productivos y sociales afectados, como comunidades
costeras, pesca artesanal, trabajadores y empresarios de turismo y
productores de mitílidos de Chiloé, Aysén y Magallanes, entre otros, ya
han expresado su oposición al proyecto. A ellos se han sumado los
trabajadores bancarios y cerca de 10 mil ciudadanos que están
respaldando la campaña "No Permitas la Privatización de Nuestro Mar",
liderada por el Centro Ecocéanos (http://www.ecoceanos.cl ).
A nivel político, se ha comenzado a expresar la oposición y
abstención de ocho senadores, así como el rechazo de dos de los seis
candidatos presidenciales, Jorge Arrate y Alejandro Navarro.
La iniciativa legislativa no resuelve los múltiples problemas de
fondo que ha generado la industria salmonera, ni tampoco soluciona la
falta de control y regulación estatal en las regiones sur -australes
de Chile, que ya cuentan con 17.000 trabajadores salmoneros cesantes.
Su sentido primario y único es el de "otorgar certeza jurídica a los
bancos acreedores sobre la constitución y ejecución de garantías sobre
las concesiones y autorizaciones de acuicultura".
El proyecto de ley, elaborado con alto grado de improvisación por la
gubernamental "Mesa del Salmón", dirigida por el cuestionado ex
Subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, junto a la Asociación de
Bancos e Instituciones Financieras y los empresarios de SalmónChile, es
parte del denominado "Plan de salvataje" de la industria salmonera
afectada por la denominada "crisis del virus ISA".
La iniciativa se caracteriza por su inconstitucionalidad, ya que
permite que las empresas salmoneras deudoras puedan hipotecar bienes
nacionales de uso público -como las concesiones acuícolas- con los
bancos acreedores.
Contempla, además, entregar a las compañías salmoneras concesiones
de acuicultura gratuitamente y a perpetuidad. Para ello se ha elaborado
una creativa fórmula que entrega las concesiones por 30 años, las
cuales se renuevan sucesivamente por los siguientes 30.
Este es el aspecto medular del proyecto de ley, contenido en el
artículo 81 y 81 bis y es la condición básica impuesta por el sistema
financiero para renegociar el pasivo de 2 mil 500 millones de dólares
que presenta la industria salmonera con la banca.
La abusiva "fórmula" para el salvataje de la industria salmonera,
equivaldría a que el arrendatario de una casa, pudiese hipotecarla con
el banco acreedor como garantía de su deuda. En el futuro, si se
lograra imponer esta inconstitucional legislación, el empresario y
candidato presidencial Sebastián Piñera, al igual que los salmoneros,
podría hipotecar sus concesiones en el espacio aéreo nacional y las
respectivas rutas de Lan Chile como garantía con sus acreedores.
Otro controvertido aspecto contemplado en el proyecto propuesto por
el ejecutivo es la arbitraria conformación territorial de los
denominados "barrios o agrupaciones salmoneras".
Ellas favorecen la constitución de monopolios productivos, los que
excluyen las actividades pesqueras artesanales, los cultivos de algas y
mitílidos y las operaciones de turismo, entre otras. Resulta
inaceptable que el Estado, bajo el pretexto de la aplicación de medidas
sanitarias, discrimine entre los productores e incentive la
conformación de monopolios, la profundización de la concentración
económica y transnacionalización de los sectores pesquero y de
acuicultura nacional. Estas iniciativas vulneran el principio de
igualdad ante la Ley, contenida en nuestra Carta Fundamental (garantía
constitucional del artículo 19, Nº 2).
En Chile, ni la ley ni autoridad alguna pueden establecer
diferencias arbitrarias sobre el derecho a desarrollar cualquier
actividad productiva, por lo que la norma propuesta afecta el principio
de libertad económica, consagrado como garantía en la Constitución del
Estado (artículo 19, Nº 21, inciso 1).
A su vez, restringe la garantía constitucional del artículo 22, Nº
19 de la Constitución Política de la República, consistente en la no
discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus
organismos en materia económica.
Tampoco respeta el derecho de propiedad que tienen los ciudadanos de
la Nación respecto a los bienes nacionales de uso público, garantizados
en el artículo 19, Nº 24 de la Constitución Política de la República.
Finalmente, este sui generis proyecto de ley termina afectando al
artículo 47 de la propia Ley General de Pesca y Acuicultura, el cual
reserva al sector pesquero artesanal las cinco millas costeras y aguas
interiores del país.
Las medidas de implementación de los "barrios salmoneros" que
debería adoptar el Servicio Nacional de Pesca no cuentan con la
información científica y oceanográfica básica sobre los ecosistemas
marinos, sus características de funcionamiento y las capacidades de
carga en las nuevas áreas costeras donde se reordenarán las concesiones
de acuicultura.
La propia industria reconoce "que seguirán expuestos" a riesgos
sanitarios en el futuro, mientras no se prohíba la importación de ovas
(huevos) de salmónidos -una de las principales fuentes de introducción
de patógenos a las aguas chilenas-, ni se regule el uso masivo e
indiscriminado de antibióticos y químicos.
Por todo lo anterior, las organizaciones ciudadanas, productores
regionales, trabajadores y senadores, estamos solicitando a la
presidenta Bachelet que retire el proyecto de ley que modifica la Ley
General de Pesca y Acuicultura, o en su defecto anule el artículo 81,
por ser inconstitucional y afectar gravemente la soberanía del país, al
entregar en la práctica un área potencial de 30 mil kilómetros de
litoral protegido - islas, fiordos, golfos y bahías-, en Chiloé, Aysén
y Magallanes a las transnacionales noruegas, españolas y japonesas, así
como a los bancos y sistema financiero nacional e internacional.
*Juan Carlos Cárdenas es médico veterinario. Director del Centro Ecocéanos.
|
